Por su interés, reproducimos un texto de opinión de Igor Mera (ESK) sobre la Renta de Garantía de Ingresos.
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| Igor Mera, sindicalista de ESK |
Estos días el
gobierno central ha dado a conocer que el 80%, 60.000 millones de
euros, del dinero gastado en el conocido rescate bancario del año
2012 se dan por perdidos. Ello, a pesar de que el mantra que decía
que el rescate bancario no costaría ni un solo euro público fue
repetido hasta la saciedad por el señor Rajoy. Vista la realidad, 5
años después, queda patente que bien el gobierno mintió a
sabiendas o estamos ante unos gestores de lo público totalmente
incapaces. En cualquiera de los casos deberían abandonar sus cargos
y dar paso a gente más honrada o simplemente más capaz.
¿Cuántas
portadas de prensa ha ocupado esta cuestión en los últimos días?
¿Cuántas columnas de opinión han sido rubricadas? ¿Cuántas
iniciativas parlamentarias o gubernamentales anunciadas para poner
coto a tal nivel de latrocinio? La respuesta, para la lectora avezada
es evidente, los grandes medios de comunicación han pasado de
puntillas sobre este asunto.
Silencio
mediático que se hace más evidente si comparamos este tratamiento
informativo con los ríos de tinta y horas de tertulias que se han
invertido en desenmascarar el ‘gran fraude’ de la RGI en la
CAPV. Un fraude, éste último, cuantificado por el propio Gobierno
Vasco en un 0,23% de un presupuesto anual que ronda los 500 millones
de euros. Hablamos, por tanto 1,4 millones de euros en una prestación
que perciben más de 100.000 personas frente a los 60.000 perdidos en
el recate bancario (un 80% del total frente a un 0,23%) o los 2.230
millones de fraude fiscal anual a las haciendas forales vascas.
Fraude fiscal o rescate bancario que no hacen si no reforzar la
acumulación de la riqueza en pocas manos.
Fijada pues la
cuestión en estos términos cuantitativos, por qué se da un
tratamiento mediático y un nivel de iniciativas políticas tan
desigual en ambos casos. Por qué tal desproporción si comparamos
los tratamientos dados al fraude fiscal o al dinero perdido en el
rescate con el fraude en las prestaciones que protegen a la gente
empobrecida y precaria de nuestra sociedad. Debemos preguntarnos qué
es lo que hay detrás de esta diferencia de trato en ambas
cuestiones.
¿Por qué nos
parece normal que gente rica y empresariado defrauden al sistema a
manos llenas, pero somos tan intransigentes con el fraude de la gente
pobre? ¿Por qué nos parece normal que un gobierno mienta a la
población para inyectar miles de millones en los bancos, pero
cuestionamos los recursos destinados a mitigar las situaciones más
graves de pobreza y exclusión? No será que al igual que en la Edad
Media los señores feudales tenían derecho de pernada, en la
actualidad la gente rica y poderosa tiene derecho a utilizar cuantos
medios estén a su alcance (legales o no, éticos o no tanto) para
incrementar beneficios corporativos en base a la destrucción
sistemática y a buen ritmo del escaso estado del bienestar y de
esquilmar las arcas públicas.
Precisamente para
que esa destrucción de lo público pueda prosperar, en un sistema
democrático es necesario la complicidad de las mayorías sociales.
El terreno de juego del control de las mayorías no es otro que el de
la construcción del discurso social hegemónico. Discurso que
funciona en el cerebro humano como mecanismo por defecto de
aprehensión de la realidad, es lo que establece lo que se ve como
normal.
Terreno de juego
el de la construcción del discurso donde el mismo gran capital
(banca, eléctricas, empresas de telecomunicaciones,…) que controla
los designios de los grandes partidos (PP, PSOE, PNV, PdCAT,… ) es
quien copa accionariado y consejos de administración de los medios
de comunicación hegemónicos. Así, de manera en apariencia
paralela, pero con precisión suiza, discursos e iniciativas
políticas de estos partidos y líneas editoriales de los medios
construyen la realidad y lo hacen generando unos marcos conceptuales
que favorezcan el apoyo de la sociedad a sus intereses.
En la batalla del
discurso contra la RGI que hemos vivido en la CAPV, hemos visto cómo
los mismos medios que amortiguan la corrupción, escándalos
financieros y la mala gestión pública son quienes han colaborado
con PP y PNV en tejer la red de la sospecha sobre la gente perceptora
de esta prestación social que desde el año 1991 tiene el rango
legal de derecho subjetivo de la ciudadanía.
El marco
conceptual en el que se ha jugado esta batalla es el que establece
que mientras la gente rica y poderosa, por el mismo hecho de serlo,
tiene derecho de pernada, la gente empobrecida y excluida algo habrá
hecho para estar en esa situación. Así, la manera ‘normal’ de
ver la realidad dice que la persona pobre es de una catadura moral
inferior, que tiende a ser vaga, despilfarradora, de vida disoluta,
con vicios de toda naturaleza,… Si esto es lo ‘normal’,
igualmente normal será pensar que, no es adecuado dotar a la gente
pobre los mismos derechos que al resto de la ciudadanía (el nosotros
y ellos se define en función de estar o no el circuito de las
prestaciones sociales). Pensemos en la cantidad de in puts
comunicativos y culturales que hemos recibido para apuntalar ese
marco conceptual de la pobreza.
Es precisamente
este marco conceptual, esta manera de comprender la realidad, la que
nos lleva a pensar que las ayudas que les concedamos para que no
estén en la calle delinquiendo (todas sabemos que es otra de sus
querencias) tienen que ir asociadas a un sistema de control y contar
con una gestión lo más alejada del concepto de derecho; derecho
del que no son merecedoras en tanto en cuanto no son buenas
ciudadanas. Control y sustitución del derecho por una prestación
asistencial (caritativa) son, precisamente los pilares de la reforma
de la Ley de Garantía de Ingresos presentada hace varias semanas por
la ya infame Señora. Artolazabal.
Entender la
distinta concepción moral sobre de gente rica y pobre que se
construye, así como los mecanismos político-mediáticos que han
operado y lo siguen haciendo en torno a las políticas contra la
pobreza en la CAPV, nos puede ayudar afrontar mejor el futuro. Y es
que, puestas a pensar, puede, sólo puede, que esta no sea más que
la punta de lanza, la pendiente resbaladiza por la que EAJ-PNV (con
su fiel muleta ‘socialista’) pretende que se deslicen los
derechos sociales de la ciudadanía vasca en beneficio de los
intereses de la clase empresarial y propietaria, creadora y
sustentadora ayer y hoy del partido.
Igor
Mera Uriarte, miembro de ESK Sindikatua
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| Los huelguistas de hambre por una RGI digna llevaron al Parlamento de Gasteiz la protesta antes de poner fin al ayuno que mantuvieron en una carpa en Bilbo. |
