Rafa Izquierdo, responsable del área económica, y Bea Martxueta, responsable de políticas sociales, ambos de la ejecutiva de LAB, presentaron un documento a favor de una “política fiscal al servicio de la justicia social”. Porque entienden que hay margen para recaudar más, si se aplica una presión similar a la media europea y porque el fraude fiscal no se persigue con eficacia. De hecho, los miembros de la ejecutiva del sindicato abertzale entienden que “solo la clase trabajadora sujeta a nómina paga sus impuestos cabal y puntualmente”.
Ambos encendieron todas las alarmas porque “las desigualdades sociales acumuladas durante los años de crecimiento económico se han visto agravadas con el proceso de precarización y empobrecimiento impuesto en el contexto de la crisis; y han llegado a tal extremo que suponen la quiebra absoluta de los principios de equidad y justicia social, hasta el punto de lesionar gravemente el desarrollo democrático de la sociedad, más allá de aspectos puramente formales”.
Ante esa radiografía negativa, la central sindical propone la necesidad de incrementar los ingresos públicos. “Es una necesidad indiscutible si aspiramos a construir una sociedad más solidaria, con un modelo de protección social más amplio y generoso, y unos servicios públicos más desarrollados”, explica el informe de nueve páginas. Pero, advierte de que “el aumento de la recaudación no puede venir del incremento de los impuestos a la clase trabajadora, que ya soporta un esfuerzo fiscal desproporcionado a través del IRPF y el IVA”.
LAB entiende que “la lucha contra el fraude fiscal debe convertirse en una tarea prioritaria de las administraciones con responsabilidad tributaria, para cumplir un doble objetivo: aumentar los recursos públicos disponibles y mejorar la equidad del sistema tributario”.
De lo contrario, destaca que “cualquier intento por lograr una distribución más justa de la riqueza será una mera ilusión condenada al fracaso”. Tanto Izquierdo como Martxueta destacaron que “hacemos nuestras las propuestas fiscales incorporadas en la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y en su Programa Social, en la medida en que constituyen el consenso básico alcanzado por una amplia base de organizaciones sociales y sindicales”.
Entre dichas propuestas destacan las siguientes: “1° Dedicar más recursos a perseguir el fraude fiscal e inspeccionar todas las rentas no provenientes del trabajo antes de que se agote el plazo de prescripción.
2º Impedir la actuación de personas físicas y jurídicas radicadas en paraísos fiscales. 3° Aplicar el mismo tratamiento fiscal para todo tipo de rentas, eliminando los privilegiados otorgados a las rentas del capital.
4° Deshacer las sucesivas rebajas de impuestos concedidas en las últimas décadas a las rentas más elevadas y a los beneficios empresariales”.
En temas más concretos, LAB demanda como “imprescindible” que en el Impuesto sobre Sociedades se limite “la compensación de bases imponibles negativas a aquellos ejercicios que se están dentro del período de prescripción y “suprimir las bonificaciones y deducciones cuyo único propósito es rebajar la factura fiscal, sobre todo de las grandes empresas”.
Además demanda “generalizar el establecimiento de un verdadero impuesto sobre la riqueza que grave el conjunto de bienes que constituyen el patrimonio acumulado, incluyendo todo tipo de bienes empresariales y profesionales”.
INSUFICIENCIA RECAUDATORIA
LAB llega a esas conclusiones y demandas porque confirma la existencia de una “insuficiencia recaudatoria”. A su juicio, los gobiernos han utilizado el pretexto de reducir el déficit y la deuda pública para aplicar “severos recortes sociales que afectan negativamente al bienestar de toda la ciudadanía, y en especial a los sectores más vulnerables”.
Rafa Izquierdo y Bea Martxueta admiten que “el problema no es de excesivo gasto público, sino de insuficientes ingresos públicos”. Esa contundente respuesta está avalada por las estadísticas de protección social que “ponen en evidencia la debilidad de las políticas sociales implementadas en Hego Euskal Herria”.
En concreto, como explica el informe de LAB, el gasto total dedicado a estas políticas en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) representó un 25,2% del PIB en 2013; mientras que en 2012 se situó en un 24,5% del PIB, es decir, cinco puntos por debajo del promedio de la Unión Europea correspondiente a ese mismo año y en la Comunidad Foral de Navarra (CFN) “el esfuerzo en protección social mantiene una distancia abismal con respecto a los estándares europeos, dado que el gasto social en porcentaje del PIB es casi 10 puntos inferior a la media comunitaria”.
PRESIÓN FISCAL
Un elemento necesario para conocer si hay suficientes ingresos tributarios se mide por la presión fiscal. LAB admite que Hego Euskal Herria está lejos de la media europea, por lo que existe capacidad de maniobra para actuar.
De hecho, resalta que “la presión fiscal en Hego Euskal herria se situó cerca del 29% del PIB en el año 2013, aunque hay diferencias significativas entre territorios: en la CAV fue del 29,4% del PIB, mientras que en la CFN se quedó en el 27,3%”, mientras que en la Unión Europea la presión fiscal media “alcanzó el 39,4% del PIB en 2012 (último dato disponible)”. El diferencial fiscal que “nos separa de la media europea es enorme, de alrededor de 10 puntos porcentuales del PIB”.
CLASE TRABAJADORA PAGA MAS DEL DOBLE DE IMPUESTOS
En el análisis, LAB concluye que “la clase trabajadora paga más del doble de impuestos que el capital y las empresas”. Añade que “además del creciente carácter regresivo de la estructura impositiva debido a la subida de los impuestos indirectos, también cabe destacar la desproporción existente entre el peso de las rentas del trabajo y del capital en el PIB y la carga fiscal por impuestos directos que soporta cada fuente de renta”.
Pero informe indica que las remuneraciones salariales representan en torno al 49% del PIB; sin embargo, según el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi el 85,4% de la recaudación del IRPF “procede de las rentas del trabajo”. Por lo que añade “las rentas del trabajo aportan aproximadamente el 68% de la recaudación total obtenida por la suma de los impuestos directos sobre la renta personal y sobre los beneficios empresariales”.
Sin embargo, “las rentas del capital y los beneficios empresariales acaparan el 42% del PIB, pero su contribución fiscal por impuestos directos tan sólo supone el 32% de la suma recaudada en conjunto por el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades”. Lo que lleva a LAB a la conclusión de que “queda demostrado que las rentas del trabajo pagan más del doble de impuestos que las rentas del capital”.
La central sindical admite que “una gran parte de la falta de equidad del sistema se explica por el tratamiento fiscal discriminatorio al que están sujetas las distintas fuentes de renta en función de su origen, y por los privilegios otorgados a las rentas de capital y a los beneficios empresariales”.
FRAUDE FISCAL
El informe confirma “solo la clase trabajadora sujeta a nómina paga sus impuestos cabal y puntualmente”. Porque, e, a su juicio, el fraude fiscal esta extendido. En concreto, según un informe elaborado por técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) “las grandes empresas y las grandes fortunas son responsables del 72% del fraude total estimado, lo que supone casi tres veces más que la suma del fraude atribuido a pymes (17%) y autónomos (8,6%)”.
Asimismo, según otros estudios sobre el fraude en el IRPF, “las rentas del trabajo asalariado son las únicas que se declaran en su totalidad. Por el contrario, el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de otros tipos de renta se sitúa entre el 39% en el caso de las rentas de capital mobiliario y el 55% de las rentas empresariales que tributan por el sistema de módulos”.
LAB recuerda que “en Hego Euskal Herria encontramos fuentes tributarias que avalan la existencia de importantes bolsas de fraude encubiertas bajo prácticas de doble contabilidad y ocultación parcial de actividad”. Cita por ejemplo, el análisis de las estadísticas relativas a la liquidación del IRPF que proporciona “información suficiente” para entrever dónde se localiza parte de ese fraude. “Los últimos datos disponibles para la CAV son del ejercicio fiscal 2011 (declaraciones presentadas en 2012). La renta media del trabajo declarada ese año ascendió a 23.039 euros, es decir, prácticamente el doble del rendimiento medido declarado por quienes desarrollaron actividades económicas (empresariales y profesionales), que fue de 11.944 euros”.
Por lo que concluye que “la impresionante diferencia que existe entre los ingresos declarados por uno y otro colectivo es un signo inequívoco de las prácticas fraudulentas que han arraigado en determinadas actividades empresariales y profesionales”.
Añade que “la distancia entre ambos tipos de renta aumenta de año en año” e indica que “en realidad esta tendencia viene de lejos, pero se ha agudizado con la recesión económica, confirmando así las sospechas respecto al crecimiento del fraude y de la economía sumergida en época de crisis”.
