EXPOLIO DE LA HUCHA DE LAS PENSIONES Y RÉCORD HISTÓRICO DEL PATRIMONIO DE FONDOS PRIVADOS

Es la cruda realidad: se ha producido el mayor expolio de la hucha de las pensiones públicas bajo el mandato de Mariano Rajoy (PP) y, sin embargo, los fondos privados han incrementado su patrimonio de forma récord. Por si alguien tenía dudas (que espero que no) el Gobierno del PP ha trabajado a favor de los fondos privados de pensiones en manos de bancos y gestoras, mientras ha expoliado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocida como hucha de las pensiones.

Varios datos: la hucha de las pensiones públicas se encuentra a cierre de 2015 por debajo del nivel del inicio de este siglo, un 9,46% menos de fondos. Ahora está en 32.485 millones. Pero, además, el Gobierno de Rajoy ha reducido en un 51,38% esos fondos desde que tomó el control del Gobierno. En 2011 llegó al máximo con 66.815 millones.

En cambio, los fondos privados han colmado un camino inverso. En el año 2000 el patrimonio de los fondos privados de pensiones ascendió a 37.859 millones y en 2015 se han cerrado con récord, y un incremento de un 176% sobre el inicio de siglo. Acumulan ya 104.518 millones, un 4% más que un año antes. En los años de crisis, el patrimonio de los fondos privados ha crecido un 33,3% y los inversores en los mismos son, sobre todo, los de rentas medias y altas.

NEGOCIO PRIVADO. 

¿Qué está ocurriendo? La explicación, entre otras muchas, es muy sencilla: el Gobierno del PP trabaja a favor de las pensiones privadas. Pero, no sólo el PP, sino que las haciendas forales vascas en manos del PNV también lo hacen, al conceder ventajas fiscales en el IRPF a quienes invierten en las mismas, en vez de impulsar el sistema público y universal.

Otra razón importante es que la nueva reforma laboral y de las pensiones del Gobierno del PP en la legislatura ha reducido las cotizaciones sociales en una parte importante de la contratación laboral. Así ocurre que, a pesar de producirse más contratos de trabajo que al inicio de la crisis y en pleno boom, las cotizaciones sociales no llegan para cubrir el pago de pensiones, por esa baja calidad del empleo, sobre todo.

En este sentido, la economista Nekane Jurado en su análisis de los presupuestos critica las "mayores deducciones" en IRPF en ámbito de la CAV (Euskadi) respecto del Estado español en aportaciones a planes y fondos de pensiones privados. Así pone algunos ejemplos: "dentro del capitulo de bonificaciones fiscales llama la atención lo que dejan de pagar en el IRPF las rentas medias y altas a través de los Planes y Fondos de pensiones. Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, son las que tienen unas “vacaciones fiscales” más ventajosas en este apartado, con mayores deducciones que en el Estado y que en Nafarroa". En 2016 el gasto fiscal por aportaciones a Planes de Pensiones y EPSV está presupuestado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en 183,76 millones y 42,61 millones en Nafarroa (2015).

"A pesar de que estas cifras se han reducido a la mitad -según explica- desde el inicio de la crisis, lo que demuestra la caída del ahorro familiar en estos productos, los números contrastan con las ayudas destinadas a los más golpeados por la crisis, dónde más de la mitad de los inscritos en el Servicio Público (SEPE o LANBIDE) no reciben ninguna prestación y más de 68.700 hogares tienen a todos sus miembros en desempleo. A pesar de ello se reglamenta para hacer más difícil el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos".

Esa realidad que critica también se confirma en el último informe de la Hacienda integrada de Euskadi de 2013, donde se indica que las rentas altas son las que más se benefician de las bonificaciones de la inversión en fondos privados de pensiones. Así explica que "en relación con la reducción por aportaciones a Planes de Pensiones y EPSV superó los 820 millones y fueron realizadas por el 41,4% de los contribuyentes". Y añade que "la aportación media general ascendió a 1.956 euros, disminuyendo más de un 17% respecto del año anterior; variando entre los 1.419 euros como aportación media de los niveles bajos de renta, hasta 30.000 euros de base liquidable, donde sólo el 30,1% de los contribuyentes realizan aportaciones, y pasando por los 2.702 euros de aportación media de contribuyentes con bases entre 30.000 y 90.000 euros, donde el 58,3% de los contribuyentes realizan aportaciones y hasta los 6.232 euros de aportación media en los niveles altos de renta, donde el porcentaje de contribuyentes que realizan aportaciones es el 67,6%". 

Entre 2.700 millones y 4.900 millones se dejan de ingresar en las haciendas vascas por el fraude fiscal.

El fraude fiscal supone el 20% del PIB

El fraude fiscal supone el 20% del PIB en Hego Euskal Herria, lo que supone, con datos de 2014, 13.500 millones que están fuera del control de las haciendas forales, lo que conlleva que cada año se dejan de ingresar entre 2.700 a 4.900 millones a las arcas públicas al no tributar. Es casi un tercio del presupuesto que gestionan los gobiernos de Urkullu y Barkos.

Según confirman Lourdes Serna Blanco, Mercedes Vallejo Escudero e Ignacio Zubiri, de la Universidad del País Vasco en el último número de Ekonomiaz, que edita el Gobierno de Gasteiz, en un trabajo titulado "El fraude fiscal en la CAPV. cuantificación, efectos y medidas para reducirlo". Confirman el 20% del fraude  que supondría a su juicio una merma de 1.200 millones de ingresos para las haciendas con los datos de 2011, aunque con las previsiones de recaudación de las haciendas vascas para 2016 supondrían una pérdida real de 2.700 millones por el fraude fiscal. El cálculo de los tres profesores se reduce a los tributos concertados, donde las competencias son directas como fija el Concierto Económico o el Convenio Económico. Sin embargo, otros, como los inspectores de Hacienda (Gestha), destacan que el fraude fiscal supera el 20% de la riqueza que se genera en suelo vasco (PIB) y que la reconocida economista Nekane Jurado también constata en esos términos, con lo que la pérdida anual para las arcas públicas de las haciendas vascas por el fraude fiscal se situaría en torno a los 4.900 millones.

Los tres profesores de la UPV-EHU llegan a tres conclusiones importantes: la elevada cuantía del fraude beneficia a unos pocos y cuando aflora solo una pequeña parte se paga; que no se inspecciona de una manera adecuada, porque hay pocos inspectores que pasan el tiempo en supuestos defraudadores de baja cuantía; y, a la vez, que las rentas de trabajo declaran el doble de ingresos que las rentas empresariales y de actividades profesionales, lo que llama excesivamente la atención, aunque las haciendas forales hacen poco por solucionarlo.

Con rotundidad, Serna Blanco, Vallejo Escudero y Zubiri afirma que "el fraude fiscal se considera un problema esencial tanto desde la perspectiva de los ingresos públicos como de la capacidad recaudatoria del sistema fiscal, y quizá, más importante desde la perspectiva de la equidad y la legitimidad del sector público para exigir el pago de impuestos a los contribuyentes honrados".

Admiten ese porcentaje del 20%, "similar al del Estado español" y añaden que "muy elevado y que las haciendas tributarias no hacen demasiado por reducirlo". En ese documento subrayan que "es evidente que la lucha contra el fraude debe ser un objetivo prioritario de cualquier administración tributaria, aunque sea un ejercicio costoso, y es probable que únicamente produzca ingresos en el medio y largo plazo. Pero que los resultados puedan no ser inmediatos no reduce la importancia de la lucha contra el fraude porque produce ganancias de equidad y antes o después producirá mejoras recaudatorias".

CONCLUSIONES

Entre las conclusiones de los profesores de la UPV-EHU, "el fraude es un problema fiscal básico" y determinan que "la población, sin embargo, en base a su experiencia considera abrumadoramente (más del 70%) que el nivel de fraude es muy elevado y que las haciendas no hacen demasiado por reducirlo. Ciertamente no todo el mundo defrauda", admiten.

Están de acuerdo con esa percepción. "La mayor parte de la población depende de rentas retenidas y su fraude, si existe, se limita a realizar algunas transacciones sin IVA. La mayor parte del fraude se concentra en rentas no controladas (o difíciles de controlar) y en quienes pueden utilizar de forma más fácil los mecanismos de elusión y evasión. En el primer caso están las rentas derivadas de actividades económicas. En el segundo, las rentas altas", admiten. 

Por tanto, Lourdes Serna Blanco, Mercedes Vallejo Escudero e Ignacio Zubiri entienden que "el fraude no es, probablemente, sólo algo de ricos, porque las rentas medias (sí provienen de actividades económicas) tienen posibilidades de defraudar. Incluso las rentas menos altas pueden, en su caso, contribuir al fraude del IVA".

CRISIS, MAYOR ÉNFASIS.

Durante la crisis se ha puesto "un énfasis considerable" en la lucha contra el fraude, dicen, pero añaden que "los avances, sin embargo, están aún lejos de los necesarios para que se produzca una reducción significativa de los niveles de fraude" y concluyen con que "existe por tanto el riesgo de que si no se adoptan medidas pronto, el retorno de la bonanza económica haga decaer el interés por reducir el fraude. Por ello, es importante que lo antes posible se instauren medidas adicionales de lucha contra el fraude". Porque entienden que la actividad inspectora "es deficiente".

Así lo explican "el número de inspecciones es muy limitado, lo que se traduce en probabilidades de inspección muy bajas. En la mayoría de los casos apenas llega al 0,5%". En el trabajo se cita en el caso del IRPF, que en 2013 se realizaron "354 inspecciones en Bizkaia y 164 en Gipuzkoa" y añaden que "si las inspecciones fueran aleatorias, esto se traduciría en unas probabilidades de inspección por el IRPF de 0,06% en Bizkaia y 0,04% en Gipuzkoa. Si las inspecciones se centran en los autónomos las probabilidades aumentan significativamente (para los autónomos) a 0,52% en Bizkaia y 0,56% en Gipuzkoa. Estas probabilidades, sin embargo, siguen sin llegar al 1%".

En el caso del Impuesto de Sociedades en 2013 se inspeccionaron 434 empresas en Bizkaia y 82 en Gipuzkoa. "Esto se traduce -como explican- en probabilidades de inspección de, respectivamente, el 1,2% y el 0,3%. En 2013 Bizkaia casi triplicó el número de inspecciones que venía realizando habitualmente. Esto, sin embargo, no se tradujo en más deuda descubierta porque la cantidad en actas en 2013 fue incluso inferior a la de 2012. Salvo por este año 2013, la tasa de inspección en Bizkaia y Gipuzkoa queda siempre por debajo del 0,5%". De hecho, "incluso limitando la inspección a empresas grandes, las probabilidades de inspección seguirían siendo pequeñas".

En el IVA, las cosas son similares y las probabilidades son del 0,33% en Bizkaia y del 0,22% en Gipuzkoa. La realidad es que de las inspecciones y las actas de infracción aprobadas se recupera menos del 10% de la deuda tributaria que se constata, como admiten los profesores de la UPV-EHU, que llaman a intervenir con cierta urgencia ante el creciente fraude.

OCHO MEDIDAS ANTIFRAUDE

Los tres expertos destacan que la lucha contra el fraude debe basarse en una serie de principios simples y proponen siete medidas, algunas como la tercera, debería de ser cuestionada o muy matizada.

1.- La colaboración entre Administraciones.

2.- Que defraudar no pueda ser rentable, por lo que hay que aumentar las probabilidades de detección, sanción y cobro en ejecutiva.

3.- Incentivar el cumplimiento voluntario mediante el reconocimiento público a quien lo hace.

4.- Dureza con quienes engañan sistemáticamente a

Hacienda y no colaboran con la gestión e inspección.

5.- Establecer responsabilidades solidarias.

6.- Evaluación continua de las Administraciones tributarias.

7.- Lucha contra los paraísos fiscales y la deslocalización de beneficios.

FOTO: Ignacio Zubiri

Cuadros: Fuente Ekonomiaz (Gobierno Vasco)

Elkartzen denuncia que "el derecho al uso de una vivienda está negado por los presupuestos antisociales" del Gobierno de Urkullu

El movimiento por los derechos sociales de Euskal Herria, Elkartzen ha realizado un amplio análisis del derecho al uso de una vivienda en los presupuestos de 2016 del Ejecutivo de Gasteiz. Denuncia que "es un derecho negado de facto por unos presupuestos antisociales" y llama la atención en que el gasto total de la Viceconsejería de Vivienda "ha descendido "en términos reales un 51% en el periodo del 2008 al 2016". Entiende, por otro lado, que es un derecho social, que debe quedar fuera de "la lógica del mercado".

Elkartzen recuerda que el pasado mes de junio se aprobó una Ley de Vivienda para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que, "aunque cuenta con aspectos positivos como la penalización a la vivienda vacía, está muy lejos de dar una solución integral a la problemática de la vivienda".

Lamenta que "para 2016 la cantidad asignada a vivienda ha sido reducida radicalmente, pasando de los 225,98 millones de euros en 2015 a 108,91 millones de euros en 2016. Y es más, después de 6 años de retraso en la aplicación de la Ley de Derechos Sociales, donde una de las cuestiones aprobadas era el derecho subjetivo de toda persona a una vivienda, se ha aprobado, hace dos meses aproximadamente, el Decreto de Cartera; que sería la materialización en los presupuestos de este derecho, pero tampoco hay presupuesto para este derecho"

Este movimiento social lamenta que "tal vez la consecuencia más visible en los medios de comunicación es la provocada por los miles de desahucios que se suceden en nuestro entorno, pero no hay que olvidar que se desahucia a las personas que pudieron acceder a una vivienda en unos momentos en que ya más del 90% estaba excluido del acceso a la propiedad, por ello no conviene dejar el análisis en el estrecho (aunque dramático) análisis de los desahucios y hay que analizar como la crisis va empeorando de forma global todas las condiciones de acceso a la vivienda".

Añade, además, que no se debe olvidar que "el no tener asegurado este derecho, conlleva el no tener asegurados otros derechos como pueden ser la salud, alimentación, energia... empeorando de forma grave las condiciones vitales de las personas". Además añaden que "quienes 'nos gobiernan' saben perfectamente cuál es la solución a la problemática de la vivienda, y lo venimos diciendo año tras año, la vivienda es un derecho social, por tanto debe quedar fuera de la lógica del mercado". 

Ante esta situación, Elkartzen demanda que "la política de las instituciones debe dar un giro radical y enfocarse al interés social y no a favorecer los intereses privados y especulativos. Lo que significa que todos los fondos públicos a vivienda deben destinarse a dotaciones públicas de uso social (alquiler social)". Porque entiende que "es necesario que se considere la vivienda como de interés público prioritario y por tanto aumentar la dotación presupuestaria de las diferentes administraciones en materia de vivienda, en función de las necesidades reales".

A la vista de esta situación difícil, Elkartzen llama "a toda la población a organizarse, a salir a la calle, a movilizarse y luchar por unos presupuestos participativos que repartan la riqueza y aseguren el derecho al acceso y uso de una vivienda digna".

http://www.elkartzen.org/index.php/es/noticias/redistribucion-de-la-riqueza/presupuestos/63-2016-01-24-12-32-51

GOBIERNO VASCO Y BBK SOLO COMPROMETIERON A ARCELOR MITTAL A MANTENER LA PLANTA DE SESTAO HASTA 2016

La caída de precios del acero y el dumping de China seguro que ha influido en la decisión de la multinacional siderúrgica Arcelor Mittal, pero esa solo es una media verdad. El Gobierno de Gasteiz y BBK (ahora Kutxabank) ocultan la realidad: vendieron el 20% (10% cada uno) de la participación que tenían en la Acería Compacta de Bizkaia (ACB), sucesora de Altos Hornos de Bizkaia (AHV), a Arcelor Mittal y ésta sólo garantizó su mantenimiento hasta 2016.

¿En qué año estamos? Pues eso, parece que esa bajada del mercado ha acelerado el proceso, pero deberían poner todas las cartas sobe la mesa para que se sepa cómo PSE (PSOE) y PNV mantienen ese camino de desertización de Ezkerraldea. En mayo de 2011 el entonces lehendakari Patxi López (del PSE y ahora también presidente del Congreso español) y BBK vendieron su participación en la siderúrgica, que les unían al maltrecho suelo de Eskerraldea. Pero! De nuevo, se ha visto que PSE y PNV, están unidos en ese camino de la desindustrialización, que comenzó en los años ochenta del siglo pasado.

CONFLICTO INTERESES. 

El conflicto comenzó sobre el año 2007. Los representantes de BBK en el consejo de la entonces ACB admitían que la multinacional siderúrgica no estaba siendo clara con el sistema de producción y, de hecho, mantenían sospechas que se desviaba producción o pedidos a otras plantas. Entendían, desde esa caja, que esa decisión era una manera de presionar a BBK (10%) y Gobierno de Gasteiz (10%) para que vendieran para que Arcelor Mittal se hiciera con el control total del accionariado.

En 2009, tras muchos tiras y aflojas, firman un acuerdo para mantenerse dos años más, pero en mayo de 2011 venden esas participaciones, con lo que la Acería Compacta de Bizkaia pierde esa garantía de control público a través del gobierno y la antigua caja vizcaína, un par de años antes ya perdió el nombre, dado que el nombre oficial es Arcelor Mittal Sestao.

ACUERDO POR CINCO AÑOS.

En el periódico 'Expansión' se explicaba a principios de 2011 cómo el lehendakari Patxi López y Gonzalo Urquijo, presidente de Arcelor Mittal del Estado español, sellaron el acuerdo por el que la siderúrgica se hacía con el 20% que estaba en manos vascas y, a la vez, se apuntaba que serviría para crear un centro tecnológico del acero que no se ha construído.

En la información se titulaba: "ArcelorMittal garantiza hasta 2016 la actividad de su filial de Sestao" y continuaba "el Gobierno vasco y BBK formalizan su salida del capital de la antigua ACB, después de quince años. El grupo siderúrgico pagará en dos años 21,7 millones a cada uno, y se compromete a mantener la actividad y a dar derecho de tanteo a sus exsocios si pretende vender la mayoría a un tercero".

El acuerdo suponía que ArcelorMittal se comprometía "a mantener la actividad de su filial de Sestao -la antigua Acería Compacta heredera de Altos Hornos– durante cinco años, hasta al menos abril de 2016, según un acuerdo alcanzado con sus exsocios Socade (Gobierno Vasco) y BBK, que han ejercido finalmente, tal y como pactaron en 2009, su opción de venta del 20% conjunto que ambas entidades tenían en la empresa vizcaína desde su creación, hace quince años".

21,7 MILLONES PARA GOBIERNO Y BBK

"Cada uno de los dos socios minoritarios recibiría por su 10% de participación 21,7 millones de euros, aunque el pago de este importe se realizará en fases y culminará en diciembre de 2012 –un tercio se pagará este año (2011) y dos tercios el próximo–, según fuentes de la operación. Pese a este pago diferido a sus antiguos socios, ArcelorMittal es ya accionista único de la planta de Sestao", asegura el grupo siderúrgico, como explicaba 'Expansión'.

Recordaba que "medios siderúrgicos señalan, sin embargo, que la voluntad del grupo es continuar con el negocio en Sestao pasado este plazo, y que prueba de ello sería la ampliación de la capacidad productiva, que alcanza los 1,8 millones de toneladas".

En otra cláusula, como explica el diario económico, "el acuerdo de los socios fija el derecho de tanteo del Gobierno de Vitoria –a través de Socade– y de BBK –a través de su instrumental tenedora de participaciones Cartera II– si ArcelorMittal decide desprenderse de la mayoría del capital de su planta vasca. Esta posibilidad de tanteo se mantendrá también hasta abril de 2016, de acuerdo con los medios citados".

El nuevo pacto de accionistas sustituye al firmado en 2009, cuando Socade y BBK prorrogaron durante dos años su permanencia en el capital de la antigua ACB, pese a las divergencias en la gestión de la compañía, que les llevaron a no firmar las cuentas en varias ocasiones.

CIFRA DE NEGOCIOS.

Después, 'Expansión' mostraba algunos datos económicos de la ACB. "En 2009, último año del que se han publicado los resultados, ArcelorMittal Sestao registró una cifra de negocios de 342 millones de euros, frente a los 834 millones de 2008; y perdió 42 millones de euros. BBK se negó a firmar estas cuentas y el informe de gestión al considerar que no se daba información suficiente sobre las operaciones vinculadas y sus efectos en los estados financieros". La empresa, según los datos, tendría un valor de 217 millones de euros según el precio de venta acordado por los socios. 

Antes de deshacerse del 20%, el 12 de marzo de 2011 Patxi Lopz, Gonzalo Urquijo y otros, entre ellos el exalcalde de Sestao, José Luis Marcos Merino, firmaron un acuerdo por el que ArcelorMittal se comprometía a instalar en Sestao su centro de investigación en acero.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN.

En el grupo Vocento se explicaba de esta manera: "La multinacional ArcelorMittal y el Gobierno Vasco han decidido rescatar del cajón un viejo proyecto, la construcción de un centro de investigación y desarrollo del acero en Euskadi, que fue proyectado a mediados de 2008 pero que la crisis económica y algunos problemas de entendimiento habían paralizado. El lehendakari Patxi López; el vicepresidente de la compañía, Gonzalo Urquijo; y el alcalde de Sestao, José Luis Marcos Merino, presentaron ayer el nuevo acuerdo institucional.

El proyecto incorpora cambios sustanciales en relación al acordado por el lehendakari Ibarretxe y la compañía en 2008. La más visible será la ubicación del centro tecnológico. Como se recordará, en un principio se barajó instalarlo en el Goierri guipuzcoano, aunque finalmente, y tras las conversaciones entre empresa e instituciones, se decidió ubicarlo en Vizcaya. Se pensó entonces en Zamudio, pero llegó la paralización del proyecto. El alcalde de Sestao, cuna de Altos Hornos de Vizcaya y donde ArcelorMittal tiene en la actualidad la Acería Compacta de Bizkaia, aseguró ayer que "antes de llegar Patxi López a Ajuria Enea le pedí que hiciese un esfuerzo para conseguir que este centro se ubicase en Sestao"», decía la crónica.

Según esa información, centro contará con una plantilla estable de 45 investigadores -de ellos unos 12 ya trabajan en la compañía- y el edificio que lo albergará estará finalizado en enero de 2013. "Será un edifico singular y estará construido en acero", aseguró Gonzalo Urquijo. "En su interior, además de oficinas, se instalarán laboratorios e incluso pequeñas instalaciones siderúrgicas para realizar pruebas. Será el segundo centro de este tipo de ArcelorMittal en España, ya que la firma dispone de otra planta de investigación en Asturias, dedicado al desarrollo de aplicaciones para los productos planos. La multinacional dispone de otros 14 de estas mismas características repartidos en diversos países del mundo y con diferentes especializaciones. En el que se construirá en Sestao, los principales trabajos se desarrollarán en torno al ahorro de energía".

Además fijaba que en los próximos seis años, ArcelorMittal y el Gobierno Vasco "invertirán a partes iguales 100 millones de euros en proyectos de investigación".

Lo más cerca de ese centro que se prometió por Gobierno de Gasteiz y Arcelor Mittal es una iniciativa que SPRI dio a conocer el año pasado "la planta de Arcelor Mittal en Bizkaia será uno de los bancos de pruebas de un proyecto europeo liderado por el centro de investigación vasco CIC energiGUNE que busca diseñar fórmulas para el reciclaje y reutilización de residuos y deshechos de acero (la escoria)".

En definitiva, lo que llevó al Gobierno de Gasteiz y a BBK a vender su participación, que era una garantía para los trabajadores, fue que la multinacional desviaba producción y pedidos, por lo que se reducían los ingresos creando unos menores ingresos.

350.000 TONELADAS DE CARGA DE TRABAJO.

Esta es una de las deducciones que ELA ha señalado al conocerse la noticia, a la vez que añade que "la multinacional comunicó en noviembre a los representantes de los trabajadores que para el primer semestre del 2016 la ACB contaba con 350.000 toneladas de carga de trabajo. Una vez más se constata que de poco valen las previsiones de empresas como Arcelor Mittal, ya que hoy han comunicado que esta producción se va derivar a los centros de Asturias y Fos en Francia. Nos encontramos ante una decisión estratégica de una multinacional que busca unicamente defender sus propios intereses sin tener en cuenta la repercusión social de sus decisiones".

LAB por su parte explicó que "una vez más, la multinacional ha vuelto a actuar de espaldas a sus trabajadores y trabajadoras, de las instituciones, y de la comarca, a pesar incluso de las cuantiosas ayudas públicas recibidas durante años por esta acería".

Recuerda que esta situación no es nueva en Arcelor. "En los últimos 3 años, Arcelor Mittal ha amenazado con el cierre de 3 plantas en Euskal Herria: Zumarraga, Agurain y ahora Sestao. ¿Cuál será la próxima? Esta actitud es el resultado de un modelo de relaciones laborales basado en la amenaza y la imposición, de cuyo alumno aventajado es Arcelor Mittal".

La realidad es que estamos en 2016 y la multinacional parece que quiere aprovechar lo firmado, ni más ni menos, aunque el dumping chino, como dice la consejera Arantza Tapia está encima de la mesa, pero no ahora, sino desde hace años, porque ese argumento es el que llevó a la privatización de los astilleros públicos, uno de ellos muy cerca de la ACB.

REGENERAR EZKERRALDEA

Pero también como Iker Casanova y Josu Unanue, de EH Bildu, han señalado en Sestao se necesita una política industrial para regenerar Ezkerraldea.

En el fondo, que también estuvo encima de la mesa cuando se privatizó el astillero de La Naval, se encuentra que los proyectos de algunas compañías que trabajan sobre los lados de la Ría contemplan que la orilla industrial de la margen izquierda este libre de empresas para el desarrollo de ocio y de actividad inmobiliaria.

CRÓNICA: ASVIAMIE, CONTRA VIENTO Y MAREA

YEste viernes por la tarde se celebró la asamblea de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (ASVIAMIE) en Bilbo con la presencia de unos 35 afectados y sus familiares para hacer un balance de 2015. Hay que destacar el trabajo que están realizando frente a las enormes dificultades con las que se encuentran, además de tener que soportar el dolor y la pérdida de familiares, amigos o compañeros de trabajo. Sin duda, son un ejemplo que, aunque están rompiendo una cierta invisibilidad social que se está produciendo, todavía "tenemos mucho que andar, hasta que las fuerzas nos acompañen", precisaron.

SOLIDARIDAD Y MOVILIZACIÓN. 

La primera impresión es la necesidad de reforzar la solidaridad y la movilización para conseguir que la población se dé cuenta del horror y el drama que muchas familias atraviesan porque los empresarios no actuaron con la prudencia debida para garantizar la seguridad y la salud de quienes trabajaron en contacto con el amianto, mineral cancerígeno. Tampoco los gobiernos y las administraciones hicieron lo necesario para obligar al cumplimiento de esa prevención de riesgos y, a la vez, para denunciar la actitud que las mutuas están teniendo en este momento que obstaculizan e impiden que muchos afectados puedan percibir las indemnizaciones, prestaciones o calificaciones de enfermedad profesional en primera instancia sin tener que acudir a los procesos judiciales que se alargan en el tiempo. Un ejemplo: un afectado de Irun bajo el contrato de relevo a sus 63 años y que con un mesotelioma (un tipo de cáncer fulminante) que la mutua Asepeyo ha interpuesto un recurso a su enfermedad profesional.

Ante estas situaciones después de años en lucha, la asamblea de ASVIAMIE decidió reforzar la movilización ante los juicios que se producen y, a la vez, presionar a la administración y a las mutuas, para lo que LLAMAN a la sociedad y a los trabajadores a sumarse a las acciones de protesta que realicen.

Un tema importante es que en Nafarroa está surgiendo un grupo para impulsar estos temas. De hecho, el próximo 22 de enero, en Altsasu a las 17:00 en Gure Etxea la proyección de la película-documental "La plaza de la música" y contará con la presencia de su director, Juanmi Gutierrez, para explicar esa película y que está dedicado a las víctimas pero, en especial, a su madre que vivió frente a la empresa Paisa de Errenteria, donde el amianto ha matado a muchos trabajadores, pero también a la madre que tenía las ventanas de su vivienda frente a los extractores de esa empresa contaminante del mineral cancerígeno.

Esta proyección impulsará la actividad en Nafarroa y, sobre todo, porque está previsto el primer juicio en Nafarroa ante la demanda de un trabajador por el daño que le ha causado el amianto. Será el 5 de Febrero en Iruñea.

REALIDAD DESCONOCIDA

La ocultación de las consecuencias del amianto es una realidad. No se ofrecen muchos detalles de afectados, fallecidos y actuaciones. ASVIAMIE de Bizkaia en 2015 atendió a 39 personas. En 5 casos tenían placas, 6 casos de asbestosis, 8 afectados por mesoteliomas, 8 afectados de cáncer de pulmón, 1 cáncer peritoneo y 1 con EPOC. En 2015 fallecieron 19 personas por haber estado en contacto con el mineral cancerígeno.

A esta realidad, se une otro problema importante en cuanto a la vigilancia de la salud. En teoría, existen ya 7.025 personas inscritas, pero el control sanitario sobre esas personas que trabajaron con amianto no se hace. Porque a más de la mitad de los afectados "no les hacen ni caso". Por lo que ASVIAMIE presionará para dar la vuelta a esa situación. Porque los reconocimientos específicos para la detección precoz son esenciales y, a la vez, denunciaron que tampoco los médicos comunican de forma sistemática las sospechas de enfermedad profesional. 

MAPA DE AMIANTO.

ASVIAMIE confía que el Gobierno de Gasteiz aporte ayudas económicas a quienes rehabiliten sus viviendas y necesiten eliminar con seguridad el amianto que pueda haber. La realidad es que después de aprobarse diferentes iniciativas parlamentarias para poner en marcha un mapa del amianto de edificios en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa todavía son pocos los ayuntamientos que han optado por esa vía y, además, son necesarias ayudas para la rehabilitación.

FONDO DE COMPENSACIÓN.

En 2015, el Parlamento de Gasteiz aprobó por unanimidad la demanda al Gobierno de Madrid de un fondo de compensación, que deberá transmitirse en el Congreso español. Para que esa tramitación tenga "un carácter formal" debe proponerse un texto concreto en forma de legislación. En principio, lo que va a hacer el Parlamento de Gasteiz es tomar como suya la legislación francesa en esta materia. Sin embargo, todavía tiene que traducirse el texto y someterlo, de nuevo, a los parlamentarios de Gasteiz para trasladarlo a Madrid, donde todavía la incertidumbre sobre la conformación de Gobierno es una realidad.

Se espera que antes de que finalice la legislatura en el Parlamento de Gasteiz esté aprobada esa legislación del fondo de compensación. En teoría, la legislación termina en octubre, por lo que ASVIAMIE reclama atención a los parlamentarios para dar impulso a este fondo, dado que es la única cámara autonómica que se ha posicionado en el conjunto del Estado español en este sentido.

Por último, también se habló de lo ocurrido en el Onkologikoa de Donostia que, tras finalizar el contrato de la doctora que estaba realizando una investigación sobre la detección precoz de un tipo de cáncer relacionado con el amianto, ha quedado en el olvido, prácticamente. Ni el Onkologikoa ni Osalan van adelante con el proyecto "echando balones fuera". ASVIAMIE tiene la esperanza de que la doctora que impulsó la iniciativa, que contaba con el apoyo de un equipo de investigación de Sevilla, pueda seguir desde el ámbito privado, pero todavía se desconoce si podrá ser así. 

Fue una asamblea de reencuentro de personas que sufren la pérdida de sus seres queridos y el encuentro con quienes dentro de sus cuerpos el amianto les está perjudicando la salud, incluso matando poco a poco. Pero ellos están dispuestos a seguir luchando para que haya ese reconocimiento del daño y se mejore la calidad de vida, tras decenas de años trabajando y sufriendo para que unos empresarios desalmados se enriquecieran a cuenta de su sudor y salud.

Creo que por ellos, pero, sobre todo, por nosotros para no dejar que estas injusticias queden libres, tenemos que movilizarnos, apoyarles y solidarizarnos con todos ellos. 

SUSPENSO AL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

"El sistema de vigilancia de la salud no cumple con el objetivo de la detección temprana de daños a la salud relacionados con el trabajo"

http://pepereielkartea.org/suspenso-al-sistema-de-vigilancia-de-la-salud-de-los-trabajadores/

Un estudio elaborado por Maria Cruz Rodríguez-Jareño, Emilia Molineroc, Jaume de Montserratc, Antoni Vallès y Marta Aymeriche del Departament de Ciències Mèdiques, Facultat de Medicina de la Universitat de Girona y de servicios de prevención en Catalunya confirma la ineficacia de la vigilancia de la salud en el trabajo que se utiliza en estos momentos, lo que significa dejar expuestos a miles de trabajadores a enfermedades y riesgos y, a la vez, una pérdida económica que va hasta los 50 millones anuales, solo en Catalunya, por estos exámenes insuficientes.

Nadie hasta este estudio había examinado la realidad de lo que se está sucediendo. La sospecha de que la vigilancia de la salud laboral, como paso previo a evitar el agravamiento de determinadas patologías, no se está tomando en serio por la administración pública, las mutuas y los servicios de prevención es una realidad que, sobre todo, se extiende entre quienes trabajaron con amianto y sílice, además de productos químicos cancerígenos, entre otros afectados.

Son ejemplos. No es para menos. En la UE se pierden 167.000 vidas al año por accidentes de trabajo y, sobre todo, enfermedades profesionales, y más de 3 millones de trabajadores sufren bajas laborales por la falta de seguridad y salud en el trabajo.

Uno de los problemas más importantes en el mundo laboral es la falta de vigilancia específica de la salud de los trabajadores en activo o de quienes han pasado a la jubilación. Aunque las administraciones públicas destacan que existe, la realidad que se percibe es muy diferente. Pero esa percepción también se extiende al mundo de los médicos y de las enfermeras, según un estudio elaborado en Catalunya.

Una encuesta en línea dirigido a todos los médicos y enfermeras miembros de la Sociedad Catalana de Seguridad y Medicina del Trabajo analizó la realidad de la vigilancia de la salud entre los y las trabajadoras. 

La principal conclusión que obtiene es que «no cumple con el objetivo de la detección temprana de daños a la salud relacionados con el trabajo, ni contribuye a mejorar el sistema de prevención de riesgos laborales». 

Los resultados se publicaron hace unos meses en la revista Gaceta Sanitaria. Hace unos días la publicación ISTAS de CCOO realizó, precisamente, una entrevista a la doctora Mari Cruz Rodríguez-Jareño, quien remarcó esos datos negativos. Destacó que «entre un 47% y un 60% de los participantes valoró negativamente la vigilancia colectiva de la salud, la comunicación entre los servicios de prevención y los sistemas públicos de asistencia sanitaria (Sistema Nacional de Salud y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social), así como el grado de derivación, por parte de los servicios de prevención, de enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo a mutuas». 

Determinó, a la vez, que los exámenes de salud no son específicos y que no se realizan en base a la evidencia científica. «Entre un 72% y un 75% de los profesionales opinó que los exámenes de salud para la vigilancia de la salud no cumplen con el objetivo de detección precoz de daños a la salud relacionados con el trabajo, que el coste económico no acaba revirtiendo en proteger la salud de los trabajadores y que los exámenes de salud no hacen una contribución efectiva a la mejora del sistema de prevención de riesgos laborales, no sirviendo, por ejemplo, para la introducción de adaptaciones o mejoras en la exposición y/o condiciones de trabajo de los trabajadores», destacó la doctora, que encabezó la investigación.

El estudio plantea serias preocupaciones acerca de cómo se realizan los exámenes de salud dentro del sistema de vigilancia de la salud de nuestros trabajadores. En setiembre de 2011, la Sociedad Catalana de Seguridad y Medicina del Trabajo tenía 539 miembros profesionales de atención de salud: 435 médicos y 104 enfermeras. Un total de 321 profesionales (59,6%) participaron en la encuesta. De ellos, 285 completaron la sección de opinión del cuestionario, dando una tasa de respuesta del 53% de los cuestionarios completados. La edad media de la muestra fue de 47,6 años, el 63,9% fueron mujeres, y el 82,1% de las respuestas fueron de médicos.

PREVENCIÓN NECESARIA 

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) señala, como se explica en el estudio, que "el propósito central de vigilancia de la salud de los trabajadores es la prevención primaria de las enfermedades y lesiones ocupacionales y laborales, y los exámenes de salud juegan un papel muy importante, no sólo en la enseñanza primaria, sino también en la prevención secundaria, a través de detección temprana. Exámenes y pruebas médicas, sin embargo, no deben llevarse a cabo como una consideración de rutina y superficial, y se debe dar valor y relevancia".

En muchos países europeos es una obligación de todos los empleadores proporcionar cobertura de salud en el trabajo para sus empleados. La principal ley de salud y seguridad españolas, una transcripción de la Directiva Marco Europea 89/391 / CEE, obliga a las empresas a ofrecer vigilancia sanitaria adecuada a sus empleados, y afirma que los exámenes de salud deben ser específicos y un instrumento clave para la prevención. Estos exámenes son realizados por profesionales de la salud en el trabajo dentro de los servicios de prevención. 

La doctora explica en la entrevista a ISTAS que "dada la importancia del tema y la escasez de publicaciones decidimos emprender este estudio con un doble objetivo: determinar la utilidad preventiva ocupacional de los exámenes médicos para los trabajadores en nuestro país a partir de la opinión de los profesionales de la salud en el trabajo, mientras que la búsqueda de las diferencias potenciales por sus características personales o profesionales; y para identificar las áreas de mejora de la vigilancia de la salud dentro de los servicios de prevención".

Remarca que los resultados determinan que "de acuerdo con más del 70% de los participantes: la coordinación de los servicios de prevención con el Servicio estatal de Salud es pobre (75,1%); el costo económico de la vigilancia de la salud no está bien empleado con el fin de proteger la salud de los trabajadores (72,3%); vigilancia de la salud fracasa en su objetivo de la detección temprana de daños a la salud relacionados con el trabajo (74,0%); y no mejorar el sistema de prevención de riesgos laborales (71,9%) -es decir, mediante la introducción de adaptaciones o la mejora de las exposiciones y/o las condiciones de los trabajadores en su puesto".

Además, el estudio confirma que, aproximadamente la mitad de los participantes considera que la remisión de los casos sospechosos (60,4%) y la comunicación con las mutuas es pobre (48,1%), también consideran negativa la calidad de la vigilancia de la salud colectiva (47,0%) y precisa que los exámenes de salud no están centrados en los riesgos reales (58,9%)"

PRUEBAS ÚTILES 

En la entrevista de ISTAS la doctora Maria Cruz Rodríguez-Jareño destaca que para cambiar la situación "habría que mejorar la especificidad de los exámenes de salud para poder conseguir su función preventiva. Para ello, el médico o enfermero del trabajo debería poder tener un conocimiento mucho más profundo del trabajo y los riesgos existentes, así como del estado de salud del trabajador de aquel al que actualmente tiene acceso". Pero insiste en que además se deberían utilizar "las pruebas adecuadas que hayan demostrado ser útiles para detectar los efectos que estos riesgos laborales pueden tener sobre la salud de este trabajador concreto. Estas pruebas pueden ser desde un cuestionario hasta una entrevista con el médico o la enfermera, un examen de salud o pruebas más específicas y sofisticadas, dependiendo de cada caso. Encontrar estas pruebas adecuadas es muy importante para llevar a cabo una vigilancia de la salud específica, tal como marca la ley". Porque insiste en que "actualmente, el mayor número de exámenes médicos son periódicos y muchas veces de tipo 'generalista', cuando nuestro sistema público de salud ya es el encargado de detectar y tratar enfermedades comunes, o sea, no relacionadas con el trabajo, y está perfectamente capacitado para ello".

Maria Cruz Rodríguez-Jareño precisa en esa entrevista que "se podría aumentar porcentualmente otro tipo de exámenes de salud, como por ejemplo los iniciales por reincorporación tras una baja prolongada a petición de la empresa, y a petición del trabajador; a la vez que facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios de prevención, para que puedan hacer consultas sobre temas de salud que crean relacionados con el trabajo en el momento adecuado. Un contacto puntual, rutinario y aislado, aunque sea todos los años, no puede ser eficaz para un diagnóstico precoz. Se deberían delimitar los casos en que la vigilancia de la salud es obligatoria, se debería promover el uso de otras herramientas de vigilancia de la salud como los cuestionarios y no exclusivamente los exámenes de salud".

Entiende, por último, que "en conjunto, sería conveniente revisar y actualizar los protocolos (redactados por el Ministerio de Sanidad o los Departamentos de Salud de las comunidades autonomicas) con los que se guían los profesionales sanitarios a la hora de hacer los exámenes de salud, que además deberían ser más ágiles y prácticos. Desligar el certificado de aptitud de los exámenes de salud en los casos de vigilancia de la salud voluntaria. En estos casos, más que de aptitud deberíamos hablar de qué recomendaciones, si fuera el caso, se podrían dar a la empresa, con tal de mejorar las condiciones de trabajo en caso de detectarse alguna anomalía en la salud de los trabajadores relacionada con el trabajo o algún riesgo que se hubiera pasado por alto durante la evaluación de riesgos".

167.000 MUERTES AL AÑO EN LA UE

Los datos demuestran el drama que sufren miles de trabajadores y sus familias y el coste que tiene para las arcas públicas. Pero, ¿por qué no se actúa con eficacia? Esa es la clave. Estos datos llevan encima de la mesa desde hace años. ¿Por qué los gobiernos miran a otro lado ante esa falta de prevención, seguridad y salud en los centros de trabajo? La razón siempre confluye en una: el poder que tienen los grandes y pequeños empresarios para hacer que esos gobiernos no se fijen en esa falta de prevención, desoyendo lo que dice la legislación. Incumplen la ley de prevención, pero no ocurre nada, y si se muere o resulta incapacitado un trabajador se contrata a otro.

Es duro, pero la realidad muestra esa situación. Hace unas semanas la comisaria europea de Empleo, la belga Marianne Thyssen, destacó en Bilbo que la falta de salud relacionada con el trabajo cuesta entre el 2,6% y el 3,8% de su PIB. Quiere decir que cada año la falta de prevención y seguridad laboral en los centros de trabajo europeos cuesta, además de muchas vidas, entre 345.570 millones y 505.060 millones. 

El exdirector de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Jukka Takala, confirmó hace unos años que en la UE-28 fallecen al año 167.000 personas «atribuidas a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales». De ellas, 159.000 tienen relación con las enfermedades profesionales». De éstos, 74.000 fallecidos «se pueden atribuir al trabajo con sustancias peligrosas, incluido el amianto». Las muertes por accidentes de trabajo son los menos, pero están en torno a las 8.000 muertes al año. 

La falta de medidas de prevención y de seguridad laboral es la principal causa, unida a la elevada precariedad que impide la formación en materia de riesgos o, entre otros, los ritmos inadecuados de trabajo y, también, a que la vigilancia de la salud falla.

En 2014,  a falta de los resultados finales de 2015,  en el Estado español se han producido un total de 22.949 patologías causadas por el trabajo, 17.260 expedientes de enfermedades profesionales y 5.689 expedientes de patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo. Un 34,7% de los trabajadores considera que no podrá realizar el mismo trabajo pasados los 60 años, por la dureza del mismo.

KUTXABANK: CAÍDA DEL 70,1% DE LA OBRA SOCIAL Y 1.000 EMPLEOS PERDIDOS

Fuertes aumentos salariales de la alta dirección y el consejo en espera resultados de 2015

Tres hechos marcarán las cuentas de Kutxabank en el cierre del ejercicio 2015: un aumento singular de la obra social, tras un recorte brutal del 70,1% desde 2008; la pérdida de algo más de 1.000 empleos desde 2012 y el incremento en sueldos y dietas del consejo de administración (9% y 11%) y su nuevo presidente, Gregorio Villalabeitia, que percibirá 800.000 euros, según anunció; cantidades que se alejan mucho de los incrementos de salarios de la plantilla y de conjunto de los trabajadores, pensionistas, etc.

Es mas que evidente que Kutxabank está tratando de ofrecer "otra imagen" de la que ha tenido en este último año desde la marcha de su anterior expresidente Mario Fernández, uno de los promotores más directos de la entrada de capital privado en el banco vasco. O desde que se conociera con datos (que este año no se han publicado) que era la entidad que más desahucios tramitó ante los juzgados; hasta el ‘affaire’ con Mikel Cabieces, contratado al servicio de Kutxabank, pero oculto en esa maraña de cargos y contratos de la entidad financiera, como pago por haber estado de delegado del Gobierno español en la CAV.

Y, sobre todo, por la importante caída de los recursos que las fundaciones privadas, propietarias del banco, han tenido para la Obra Social, que era la esencia fundamental de las cajas de ahorro desde su nacimiento, lo mismo que la cercanía a los clientes (la mayoría con recursos medios o bajos).

Un banco ya no es lo mismo, aunque nos quieran ofrecer otra apariencia y, de hecho, se han producido dos realidades cuestionables: que su nuevo presidente Gregorio Villalabeitia se ha establecido un sueldo de 800.000 euros, prácticamente el doble que disponía Mario Fernández, que lo completaba muy bien con sus cargos de consejero en Repsol, etc; y la destrucción de empleo en más de 1.000 personas, porque se ha pasado de una plantilla de 7.463 a inicios de 2012 a 6.444 en setiembre de 2015, es decir 1.019 personas menos.

6.690 MILLONES DE BENEFICIOS EN UNA DÉCADA.

Kutxabank ha anunciado estos días atrás la entrega de 78,8 millones para la obra social de las fundaciones privadas (Vital, KUtxa y BBK) que son propietarias del banco vasco, porque se espera que cierre 2015 con un beneficio neto de 260 millones de euros.

Este anuncio busca, sin duda, cambiar la imagen, porque desde el inicio de la crisis y el proceso de privatización que han sufrido las cajas vascas, Kutxabank ha reducido en un 70,1% su aportación a la obra social, mientras que el conjunto de beneficios y reservas -resultado neto- solo cayó de 2008 a 2012 en un 37,9%. Es decir, el banco vasco ha castigado una de las esencias de las cajas de ahorros (ahora fundaciones privadas) como es la obra social mediante una arquitectura financiera que ha llevado, por ejemplo, a que en octubre de 2014 tuviera, como dijo su anterior presidente Mario Fernández, 800 millones netos más por "exceso de provisiones", cantidad que se retrajo a la Obra Social, sin duda.

También se ha conocido que el Banco Central Europeo pide a Kutxabank un colchón mínimo de capital sólido ('phase in') del 9,05% frente al 14,13% que dispone, es decir cinco puntos por encima. En los diez últimos años de actividad, las tres cajas y, desde 2012, Kutxabank han tenido 3.322 millones de beneficios y otros 3.567 millones de beneficios los han pasado a reservas, es decir 6.890 millones de beneficios netos, mientras que en ese plazo la obra social recibió 960 millones para llevar adelante sus actuaciones,,lo que ha repercutido en la propia actividad social, tanto en actuaciones en guarderías como era edad, entre otros recortes.

FUERTES AUMENTOS DE LOS SUELDOS Y LAS DIETAS

Pero 2015 se caracterizará también por el aumento de los sueldos y las dietas. Para empezar, el nuevo presidente Gregorio Villalabeitia ya informó que iba a elevarse su sueldo a los 800.000 euros anuales, casi el doble de lo que percibía su antecesor Mario Fernández. Aunque los datos definitivos no se han dado, en espera de la información oficial que se publique, sí se conoce el fuerte incremento que tuvieron los salarios de la alta dirección y del Consejo de Administración de Kutxabank en 2014 frente a 2013.

Así, el sueldo global de la alta dirección pasó de 1,834 millones en 2013 a 2 millones en 2014 en conjunto, un incremento del 9,05%, muy alejado de las nóminas de los empleados del banco vasco, que en 2013 y 2014 tuvieron congelación salarial y que para 2015 y 2.016 se fijó una subida del 1,5%.

El consejo de administración en 2013 percibió unas dietas globales de 495.000 euros, lo que representa una media de 33.000 euros por cada uno de los quince consejeros. A la espera de conocer la evolución en 2015, en 2014 subió el montante hasta los 551.500 euros en dietas para 14 miembros, por lo que la media pasó a 39.393 euros, un 11,41% más, a pesar de que a la plantilla se les congeló el salario. En este sentido, el expresidente Mario Fernández explicó en una rueda de prensa de octubre de 2013, poco antes de dimitir y de que posteriormente estallara el affaire con Mikel Cabices, que los consejeros "percibían 190 euros brutos por cada reunión" y que "no les daba para comprarse y pasearse con ferraris por la Gran Vía". Aunque esas dietas no son tan elevadas como otras que se conocen de otros bancos y compañías, para cumplir con esa cantidad que dijo se tendrían que haber realizado cuatro a la semana y, como figura en la memoria de Kutxabank, los miembros de la comisión de auditoría se reunieron en nueve ocasiones yen 2013 y en diez en 2014. Una al mes, si restamos los periodos vacacionales. Son cantidades importantes en algunos casos como Luis Viana, que percibe 66.300 euros, o Joseba Mikel Arieta-araunabeña Bustinza, con 64.900 euros, o Juan Mari Ollora, con. 65.900 euros o José Ángel Martín, con 65.900 euros.

Lista oficial del consejo de administración está compuesto por 15 miembros:

• Gregorio Villalabeitia Galarraga (Presidente Ejecutivo)

• Xabier Gotzon Iturbe Otaegi (Vicepresidente Primero) (316.800 euros)

• Luis Viana Apraiz, Vicepresidente Segundo, (66.300 euros)

• Joseba Mikel Arieta-araunabeña Bustinza (64.900 euros)

• Ainara Arsuaga Uriarte (28.600 euros)

• Iosu Arteaga Álvarez (29.600 euros)

• María Begoña Achalandabaso Manero (25.700 euros)

• Alexander Bidetxea Lartategi (23.700 euros)

• Jesús María Herrasti Erlogorri (30.600 euros)

• José Miguel Martín Herrera (65.900 euros)

• María Victoria Mendia Lasa (Consejero Coordinador) (32.600 euros)

• Josu Ortuondo Larrea (29.600 euros)

• Juan Mª Ollora Ochoa de Aspuru (65.900 euros)

• José Antonio Ruiz-Garma Martínez (52.100 euros)

• Carlos Aguirre Arana (24.200 euros)

Asimismo, ocupan el cargo de secretaria y vicesecretario no consejeros: Irantzu Irastorza Martínez (Secretaria no Consejera) y Xabier Notario Bordonaba (Vicesecretario no Consejero).