Entre 2.700 millones y 4.900 millones se dejan de ingresar en las haciendas vascas por el fraude fiscal.

El fraude fiscal supone el 20% del PIB

El fraude fiscal supone el 20% del PIB en Hego Euskal Herria, lo que supone, con datos de 2014, 13.500 millones que están fuera del control de las haciendas forales, lo que conlleva que cada año se dejan de ingresar entre 2.700 a 4.900 millones a las arcas públicas al no tributar. Es casi un tercio del presupuesto que gestionan los gobiernos de Urkullu y Barkos.

Según confirman Lourdes Serna Blanco, Mercedes Vallejo Escudero e Ignacio Zubiri, de la Universidad del País Vasco en el último número de Ekonomiaz, que edita el Gobierno de Gasteiz, en un trabajo titulado "El fraude fiscal en la CAPV. cuantificación, efectos y medidas para reducirlo". Confirman el 20% del fraude  que supondría a su juicio una merma de 1.200 millones de ingresos para las haciendas con los datos de 2011, aunque con las previsiones de recaudación de las haciendas vascas para 2016 supondrían una pérdida real de 2.700 millones por el fraude fiscal. El cálculo de los tres profesores se reduce a los tributos concertados, donde las competencias son directas como fija el Concierto Económico o el Convenio Económico. Sin embargo, otros, como los inspectores de Hacienda (Gestha), destacan que el fraude fiscal supera el 20% de la riqueza que se genera en suelo vasco (PIB) y que la reconocida economista Nekane Jurado también constata en esos términos, con lo que la pérdida anual para las arcas públicas de las haciendas vascas por el fraude fiscal se situaría en torno a los 4.900 millones.

Los tres profesores de la UPV-EHU llegan a tres conclusiones importantes: la elevada cuantía del fraude beneficia a unos pocos y cuando aflora solo una pequeña parte se paga; que no se inspecciona de una manera adecuada, porque hay pocos inspectores que pasan el tiempo en supuestos defraudadores de baja cuantía; y, a la vez, que las rentas de trabajo declaran el doble de ingresos que las rentas empresariales y de actividades profesionales, lo que llama excesivamente la atención, aunque las haciendas forales hacen poco por solucionarlo.

Con rotundidad, Serna Blanco, Vallejo Escudero y Zubiri afirma que "el fraude fiscal se considera un problema esencial tanto desde la perspectiva de los ingresos públicos como de la capacidad recaudatoria del sistema fiscal, y quizá, más importante desde la perspectiva de la equidad y la legitimidad del sector público para exigir el pago de impuestos a los contribuyentes honrados".

Admiten ese porcentaje del 20%, "similar al del Estado español" y añaden que "muy elevado y que las haciendas tributarias no hacen demasiado por reducirlo". En ese documento subrayan que "es evidente que la lucha contra el fraude debe ser un objetivo prioritario de cualquier administración tributaria, aunque sea un ejercicio costoso, y es probable que únicamente produzca ingresos en el medio y largo plazo. Pero que los resultados puedan no ser inmediatos no reduce la importancia de la lucha contra el fraude porque produce ganancias de equidad y antes o después producirá mejoras recaudatorias".

CONCLUSIONES

Entre las conclusiones de los profesores de la UPV-EHU, "el fraude es un problema fiscal básico" y determinan que "la población, sin embargo, en base a su experiencia considera abrumadoramente (más del 70%) que el nivel de fraude es muy elevado y que las haciendas no hacen demasiado por reducirlo. Ciertamente no todo el mundo defrauda", admiten.

Están de acuerdo con esa percepción. "La mayor parte de la población depende de rentas retenidas y su fraude, si existe, se limita a realizar algunas transacciones sin IVA. La mayor parte del fraude se concentra en rentas no controladas (o difíciles de controlar) y en quienes pueden utilizar de forma más fácil los mecanismos de elusión y evasión. En el primer caso están las rentas derivadas de actividades económicas. En el segundo, las rentas altas", admiten. 

Por tanto, Lourdes Serna Blanco, Mercedes Vallejo Escudero e Ignacio Zubiri entienden que "el fraude no es, probablemente, sólo algo de ricos, porque las rentas medias (sí provienen de actividades económicas) tienen posibilidades de defraudar. Incluso las rentas menos altas pueden, en su caso, contribuir al fraude del IVA".

CRISIS, MAYOR ÉNFASIS.

Durante la crisis se ha puesto "un énfasis considerable" en la lucha contra el fraude, dicen, pero añaden que "los avances, sin embargo, están aún lejos de los necesarios para que se produzca una reducción significativa de los niveles de fraude" y concluyen con que "existe por tanto el riesgo de que si no se adoptan medidas pronto, el retorno de la bonanza económica haga decaer el interés por reducir el fraude. Por ello, es importante que lo antes posible se instauren medidas adicionales de lucha contra el fraude". Porque entienden que la actividad inspectora "es deficiente".

Así lo explican "el número de inspecciones es muy limitado, lo que se traduce en probabilidades de inspección muy bajas. En la mayoría de los casos apenas llega al 0,5%". En el trabajo se cita en el caso del IRPF, que en 2013 se realizaron "354 inspecciones en Bizkaia y 164 en Gipuzkoa" y añaden que "si las inspecciones fueran aleatorias, esto se traduciría en unas probabilidades de inspección por el IRPF de 0,06% en Bizkaia y 0,04% en Gipuzkoa. Si las inspecciones se centran en los autónomos las probabilidades aumentan significativamente (para los autónomos) a 0,52% en Bizkaia y 0,56% en Gipuzkoa. Estas probabilidades, sin embargo, siguen sin llegar al 1%".

En el caso del Impuesto de Sociedades en 2013 se inspeccionaron 434 empresas en Bizkaia y 82 en Gipuzkoa. "Esto se traduce -como explican- en probabilidades de inspección de, respectivamente, el 1,2% y el 0,3%. En 2013 Bizkaia casi triplicó el número de inspecciones que venía realizando habitualmente. Esto, sin embargo, no se tradujo en más deuda descubierta porque la cantidad en actas en 2013 fue incluso inferior a la de 2012. Salvo por este año 2013, la tasa de inspección en Bizkaia y Gipuzkoa queda siempre por debajo del 0,5%". De hecho, "incluso limitando la inspección a empresas grandes, las probabilidades de inspección seguirían siendo pequeñas".

En el IVA, las cosas son similares y las probabilidades son del 0,33% en Bizkaia y del 0,22% en Gipuzkoa. La realidad es que de las inspecciones y las actas de infracción aprobadas se recupera menos del 10% de la deuda tributaria que se constata, como admiten los profesores de la UPV-EHU, que llaman a intervenir con cierta urgencia ante el creciente fraude.

OCHO MEDIDAS ANTIFRAUDE

Los tres expertos destacan que la lucha contra el fraude debe basarse en una serie de principios simples y proponen siete medidas, algunas como la tercera, debería de ser cuestionada o muy matizada.

1.- La colaboración entre Administraciones.

2.- Que defraudar no pueda ser rentable, por lo que hay que aumentar las probabilidades de detección, sanción y cobro en ejecutiva.

3.- Incentivar el cumplimiento voluntario mediante el reconocimiento público a quien lo hace.

4.- Dureza con quienes engañan sistemáticamente a

Hacienda y no colaboran con la gestión e inspección.

5.- Establecer responsabilidades solidarias.

6.- Evaluación continua de las Administraciones tributarias.

7.- Lucha contra los paraísos fiscales y la deslocalización de beneficios.

FOTO: Ignacio Zubiri

Cuadros: Fuente Ekonomiaz (Gobierno Vasco)