La economista Nekane Jurado critica la fuerte caída del presupuesto de vivienda en los gobiernos de Urkullu y Barkos para 2016.
Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirman que desde 2008 hasta setiembre de este año son 15.209 las familias que han perdido su vivienda habitual, aunque hay 19.662 notificaciones de lanzamiento (desahucios a la fuerza) aprobadas. Los datos del Poder Judicial no determinan qué ha ocurrido con la diferencia entre los que se han aplicado ya y los pendientes. Fuentes de ese órgano judicial han señalado nada más que “algunos” se han paralizado y “otros” están pendientes de ejecución. Mientras estas miles de familias se quedan sin vivienda, sobre todo por no poder hacer frente al pago de las hipotecas o arrendamientos debido a la crisis, el INE sostiene que hay en Hego Euskal Herria, 116.469 viviendas vacías, sin ocupar; la mitad más o menos, son segundas viviendas.
Aunque distintas instituciones públicas han aceptado el decálogo de las diferentes organizaciones sociales contra los desahucios, todavía se practican muchos, aunque están remitiendo. El decálogo incluye “el derecho subjetivo, universal y efectivo, al uso de una vivienda digna, exigible frente a la Administración y ante los Tribunales de Justicia”, “la orientación de todos los recursos necesarios en materia de vivienda por las Administraciones para crear un Parque Público de Viviendas de Alquiler que cubra las necesidades sociales”, entre otras, como que “en ningún caso se iniciara el procedimiento de desahucio en viviendas de gestión pública cuando la causa sea el impago de la renta de alquiler por insuficiencia de ingresos comprobada”. Esta causa es la principal que conduce a los desahucios. Y, además, el decálogo incluye que “la renta de alquiler social no podrá ser superior al 20% de los ingresos. Se revisará anualmente, junto con el valor máximo de venta de la vivienda, y no excluirá la Ayuda Complementaria de Vivienda. Las viviendas públicas no podrán estar desocupadas y se garantizará la intervención de los inquilinos en la gestión de los gastos de comunidad, incluidos los energéticos”.
“NO ES SOLUCIÓN INTEGRAL”
Esta misma semana Elkartzen ha ofrecido una rueda de prensa sobre vivienda y ha pedido que se deje de “engañar” a la población y “se garantice” el derecho a una vivienda a la sociedad necesitada. Ha criticado, de nuevo, la ley de vivienda que se aprobó en el Parlamento de Gasteiz a inicios del verano y ha ratificado sus percepciones porque “ni supone una solución integral”, “ni se lo toman en serio cuando el presupuesto de vivienda se ha reducido de forma drástica”.
Este movimiento por los derechos sociales de Euskal Herria advierte de que el coste de alquiler libre es de 863 euros al mes y el alquiler social, de 374,5 euros, pero las personas entre “18 y 44 años de edad no pueden pagar más de 385 euros” y “trabajadores precarios no pueden costear más de 300 euros”. Por lo que demandaron potenciar el alquiler social e intervenir ante las viviendas vacías.
FUERTE CAÍDA PRESUPUESTO 2016.
La economista Nekane Jurado, consciente del problema de la vivienda analiza los presupuestos que los gobiernos autonómicos de Hego Euskal Herria han previsto para 2016. Explica que “los problemas económico-financieros derivados de la crisis, además de aflorar situaciones de grave endeudamiento, han convertido al alquiler en la única opción viable de muchas personas demandantes”. Cita que en el primer trimestre de 2015, “el porcentaje de demandantes en alquiler superaba al de compra que se cifraba en un 75,6% frente al 24,4%”.
Explica que “durante la crisis, a golpe de Ley se están cercenando todos los derechos sociales de Hego Euskal Herria. Tal vez porque los derechos están de saldo, para hacer frente a todo ello en 2016 el gasto total en la Viceconsejería de Vivienda (incluidos todos los gastos de personal y funcionamiento de la Administración Pública) es de 108,91 millones, cuando en 2008 fue de 204,33 millones -a precios constantes de 2016 serían 224 millones-. Entre 2008-2016 el gasto en vivienda ha descendido en términos reales un 51%”.
En Nafarroa en 2016 se destinarán 42,57 millones a Vivienda, cuando en 2008 se destinaron 273,88 millones -a precios reales de 2016 ascienden a 300 millones-. Entre 2008-2016 el gasto real ha descendido un 86%. Señalar además que en 2015 el presupuesto había ascendido a 63,38 millones, con lo cual “el año del cambio los necesitados de vivienda siguen sufriendo la exclusión presupuestaria”.
La necesidad de llevar adelante el alquiler social y viviendas sociales es fundamental por la carestía de los pisos y de los alquileres, teniendo en cuenta la caída de los salarios, el incremento de la precariedad con la instauración de los “minijobs”, y el mantenimiento del desempleo en más del doble que la tasa media de los países de la OCDE.
1.550% DE INCREMENTO PRECIOS
En el análisis de los presupuestos 2016, la economista Nekane Jurado resalta que “la opuesta evolución durante la crisis de los diferentes mercados de vivienda: mientras que entre 2008-2015 el precio medio del alquiler libre ha pasado de 968,9€ a 863€ (ha descendido el 11%), el alquiler social ha pasado de 233,8€ a 374,5€ (ha aumentado el 60%)”. Sostiene, además, que “aunque el precio ha caído considerablemente con la crisis, la especulación previa a la crisis fue tan elevada que la serie histórica sigue marcando una evolución elevada del precio en los últimos trece años”.
Nekane Jurado confirma la evolución de precios altísima que se ha producido en la CAV desde 1988 desde cuando existen estadísticas. “Observamos -dijo- que entre 1988 y 2003 el precio de la vivienda ha aumentado el 1.550,87%. Con lo que podemos afirmar que fue el aumento mas elevado de toda la OCDE. Y además entre 2003 y octubre de 2015 ha aumentado otro 29% más, a pesar del ajuste de la crisis”, se lamenta.
Añade que “la financiación de una vivienda a 30 años supone un aumento del 70% del precio inicial. En la última década el precio de la vivienda aumentaba mucho más rápidamente que la renta de los hogares vascos”, finaliza la economista.
Estas situaciones hacen que todavía se mantenga un número importante de desahucios en Hego Euskal Herria, una de las zonas más ricas de la Unión Europea, pero que cuenta con importantes desigualdades sociales.
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