La última memoria del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en materia de desahucios confirman que se siguen produciendo y no bajan e, igual que ya lo dijimos con los datos del Consejo del Poder Judicial recientes, han entrado en juego las expulsiones de viviendas en arrendamiento. Es decir, personas que no tienen dinero para comprar un piso, pero tampoco para alquilarlo. ¿Por qué? Porque el Gobierno Vasco ha restringido hasta el extremo las ayudas para esta realidad, a pesar de la gravedad de la crisis, y, evidentemente, porque el paro y la precariedad están provocando que las familias no cuenten con ingresos suficientes para hacer frente a los alquileres abusivos.
Por eso, la decisión de impulsar los alquileres sociales de la nueva Ley de Vivienda puede ser una salida, aunque quizás llegue tarde su efecto sobre una parte de la población.
Con los datos del TSJPV hasta 2014 son 13.062 lanzamientos recibidos (expulsiones de vivienda, desahucios por la fuerza), de ellos 9.448 fueron positivos, es decir expulsiones de sus viviendas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. A estos datos hay que añadir los lanzamientos por los juzgados de Primera Instancia, según la nueva legislación, que indica que de los 1.086 lanzamientos, 726 fueron desahucios de arrendamientos urbanos.
Impresionante. Siete años de crisis y seguimos con una dramática realidad y, en vez de poner soluciones eficaces para evitarlos, las administraciones miran a otro lado, mientras los bancos expulsan a la gente necesitada para tener esos pisos vacíos, porque no los venden. ¡De vergüenza!
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